Pedro Martínez Bello
En siete meses y medio que inició la Quincuagésima Quinta legislatura sus labores, mantiene un rezago histórico en la aprobación de dictámenes y reformas legales, con una escasa labor y sin que los diputados locales socialicen sus propuestas al Pleno.
El asunto es que tienen un presupuesto excesivo de 680 millones de pesos, que es superior a áreas de mayor importancia y productividad como es el apoyo al campo morelense, desarrollo económico, turismo, salud y educación.
Aprobaron por unanimidad el presupuesto del Gobierno Estatal del año en curso por conveniencia, porque es utilizado para comprar cajas de huevos que venden a bajo costo, tinacos de agua, lácteos y otros productos al precio de las tiendas departamentales de las Tres B, como si fueran su competencia comercial.
De ahí que la reforma o armonización del Poder Judicial, además de contar con errores básicos del marco legal, está incompleta y fue solo para colocar ahí a compañeros de partidos con plazas laborales doradas, pero sin tocar el fondo, que es la administración de la justicia.
Los legisladores han omitido resolver demandas históricas y fundamentales, como el derecho universal de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, anteponiendo intereses personales, de grupo y creencias, dejando de lado la separación Iglesia-Estado.
Las propuestas que realizan cada ocho días, que suelen sesionar, son superficiales, como el reconocimiento del Día del Sonidero del Estado de Morelos, pero se olvidan de vigilar la actuación de los ayuntamientos y las propuestas de aumentos de sus tasas impositivas.
Por lo que se ha observado, los diputados continuarán viendo por ellos y por sus grupos de poder, sin un trabajo que realmente sea por el desarrollo de las comunidades morelenses. El legislador como representante de los intereses del pueblo, de ser un principio se ha convertido en un mito.
Y de muestra está el rezago histórico en jubilaciones y pensiones, con más de tres mil sin dictaminar y con hasta cuatro años de ser solicitadas por trabajadores basificados, quienes, para obtener la prestación social a la que tienen derecho, deben esperar de dos a tres años y no los cuatro meses como era antes de la Quincuagésima Tercera Legislatura local.
Con esa improductividad por parte de los 20 diputados locales, resulta perjudicial mantener un Congreso que sirve para nada, ya que no atiende los problemas sociales más urgentes y solo se enriquece del presupuesto público. En estas circunstancias, me atrevo a decir que, si este Poder Legislativo desapareciera, nos harían un enorme favor a los morelenses.