Por: Mtro. Pedro Martínez Bello
La revelación del hoy exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Temixco, Christian Luna, exhibe muchos probables acuerdos entre presidentes municipales, como el de Israel Piña Labra con la delincuencia organizada, o bien tolerar los grupos delictivos que operan en sus comunidades, como al parecer ocurre en otras localidades, y cómo muestra están los más recientes que son Cuautla y Atlatlahucan.
Todavía queda en el recuerdo las relaciones de algunos exdiputados locales, federales y un senador conviviendo en la casa de una mujer, cabecilla de una agrupación, con antecedentes negros que posteriormente fue aprehendida y hoy está bajo el juicio de la ley.
El mismo caso es el del exgobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, en donde hay las pruebas fehacientes de que sostuvo una reunión con presuntos jefes de bandas delictivas, en las que también está mencionado un integrantes de la grey católica de la Diócesis de Cuernavaca.
No se trata de incriminar y señalar los “errores” cometidos por algunos representantes populares, quienes para evitar ser llamados a responder por sus actos simplemente se esconden bajo un fuero constitucional que, dicho sea de paso, ya debería dejar de ser la forma de solapar presuntos allegados al crimen organizado.
Y al fallar los filtros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quienes aspiren a un cargo de representación popular deben ahora ser investigados por la propia Fiscalía General del Estado (FGR) y la Fiscalía General de la República, además de registrarse en sus partidos políticos y después, ante la autoridad competente, presentarse y realizar los exámenes de control y confianza.
De ahí que urge una reforma a todo el marco legal relacionado con los procesos electorales, en los cuales quienes pretendan ser presidentes de los institutos políticos deberán realizar la misma práctica: presentar una constancia de la FGR de no estar bajo investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada y solicitar una constancia de antecedentes no penales.
Todo este tipo de acciones deben darse de manera transparente.
Porque hoy, cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, da a conocer investigaciones contra presidentes municipales con una posible cercanía con la mafia, deja en duda la honorabilidad de quienes mantienen una representación popular en el Poder Legislativo o en los ayuntamientos.
El problema es que, ante los señalamientos hechos por el extitular de la policía en Temixco, Christian Luna, hay un silencio cómplice de las autoridades, aún y cuando hay dos mujeres en peligro de ser asesinadas por alguien que pudiera tener problemas de comportamiento criminal.