La noche de ayer, Diputados del Congreso del Estado de Morelos aprobaron por unanimidad la prohibición de narcocorridos y géneros musicales que realicen apología del delito en conciertos, eventos públicos y privados dentro de la entidad. Esta medida busca combatir la promoción de la violencia y la delincuencia organizada en Morelos.
La decisión se materializó con la aprobación del dictamen que adiciona el artículo 246 bis al Código Penal del Estado, bajo la denominación «Provocación a cometer un delito o apología de este». La nueva legislación estipula claramente la prohibición de la interpretación en espacios públicos y privados de «narcocorridos», «corridos progresivos», «bélicos», «alterados» y cualquier otro subgénero musical que «promueva la violencia o haga apología del delito.»
La iniciativa, impulsada por diversos grupos legislativos y respaldada por sectores de la sociedad civil, ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social de los artistas y promotores de eventos. Sin embargo, los legisladores morelenses argumentaron que la difusión de contenidos que glorifican actividades ilícitas y figuras del crimen organizado contribuye a la normalización de la violencia y al reclutamiento de jóvenes en actividades delictivas.
La aprobación de la ley en Morelos se suma a una tendencia creciente en diversas partes de México, donde autoridades estatales y municipales han implementado restricciones similares ante el aumento de la violencia ligada al crimen organizado. Ciudades como Chihuahua, Baja California, y Cancún, Quintana Roo, han tomado medidas parecidas en los últimos años, imponiendo multas e incluso cancelaciones de conciertos a artistas que interpretan este tipo de música.
La sociedad morelense se encuentra dividida ante esta medida. Mientras algunos celebran la decisión como un paso necesario para fomentar la paz y la seguridad, otros expresan preocupación por lo que consideran una restricción a la libertad artística. No obstante, las autoridades han reiterado que el objetivo principal es salvaguardar el bienestar de la ciudadanía y prevenir la incitación a la violencia.